¿Quién quiere una sociedad armada? Sin debate y sin control, el Gobierno profundiza su política pro-armas

En apenas ocho días, el Gobierno nacional dictó sin pasar por el Congreso dos medidas que profundizan una misma orientación: ampliar el acceso civil a armas de guerra, silenciadores y miras nocturnas y, en paralelo, consolidar el desmantelamiento la agencia estatal encargada de controlar esos materiales y prevenir la violencia armada. Se suman así a una serie de medidas que, en el último año y medio, cambiaron de hecho las posibilidades de que los civiles accedan a las armas de fuego, todas ellas por decretos u otras decisiones inconsultas del Poder Ejecutivo. Los riesgos son diversos: desvíos al crimen organizado, amenazas o tiroteos en escuelas y otros ámbitos, accidentes, suicidios, femicidios, conflictos con resultados lesivos, caza ilegal, entre otros. ¿Puede el Gobierno Nacional transformar una política tan sensible sin pasar por el Congreso?

El 12 de agosto, mediante la Resolución RENAR 48/2026, el Gobierno Nacional flexibilizó el acceso civil a portaciones de armas de guerra y a supresores de sonido y miras nocturnas. Ocho días después, a través del Decreto 770/2026, completó la transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en un Registro Nacional de Armas dependiente del Ministerio de Seguridad, sin autonomía y sin las herramientas legales que sostenían una política activa de prevención.

No son decisiones aisladas. Forman parte de una agenda que ya redujo de 21 a 18 años la edad mínima para acceder a armas, habilitó fusiles semiautomáticos de alto poder de daño y promovió trámites de tenencia “exprés”, entre otras decisiones tomadas por decisión exclusiva del Poder Ejecutivo. Por eso, el año pasado, desde la Red Argentina para el Desarme lanzamos la campaña “Por una Argentina sin armas, para una Argentina sin violencia”.

Nuevos dispositivos en manos civiles

La Resolución 48/2026 implementa el Decreto 306/2026 y permite que legítimos usuarios adquieran, importen y transfieran supresores o moderadores de sonido y miras nocturnas capaces de dirigir el tiro en la oscuridad. Estos dispositivos estaban prohibidos y ahora ingresan al mercado civil bajo la categoría de uso civil condicional.

La resolución prevé registración, numeración y ciertos límites de uso, pero registrar un riesgo no equivale a evitarlo. Los supresores reducen la posibilidad de detectar un disparo y las miras nocturnas aumentan la capacidad operativa de un arma. Cuantos más dispositivos de este tipo circulen, mayores serán también las posibilidades de pérdida, robo y desvío hacia el mercado ilegal y las organizaciones criminales.

La mayoría de las armas que alimentan los mercados ilegales fueron producidas y comercializadas inicialmente dentro de circuitos legales. Por eso, ampliar el mercado legal también amplía la fuente potencial de abastecimiento del mercado ilegal.

Esta regulación tiene, además, un impacto ambiental, ya que esas miras y silenciadores son usadas para la caza furtiva, que afecta a la fauna y pone en riesgo a especies en peligro de extinción.

Más portaciones de armas de guerra por más tiempo

La misma resolución reglamenta las portaciones de armas de guerra y permite que duren hasta el vencimiento de la condición de legítimo usuario, en lugar del límite anual anterior. Portar no es simplemente tener un arma registrada, sino poder llevarla cargada o en condiciones de uso inmediato en un espacio público.

Aunque se exigen antecedentes, aptitud psicofísica, idoneidad y una evaluación de riesgo, se

flexibilizan los criterios para esa evaluación y se amplía considerablemente la duración posible de una autorización que debe ser estrictamente excepcional.

Se consolida la degradación de la agencia de control

El reciente Decreto 770/2026 completa el retroceso iniciado por el DNU 445/2025, que revirtió la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y volvió al viejo y obsoleto RENAR. La antigua ANMaC había sido creada por una ley votada con un consenso prácticamente unánime para superar un organismo meramente registral y construir una política pública de control y prevención de la violencia armada.

El “nuevo-viejo” RENAR pierde autarquía y queda subordinado al Ministerio de Seguridad,

degradando su capacidad institucional. Desaparecen el Fondo y el Plan anual de Prevención de la Violencia Armada. Además, se consolida la eliminación normativa de publicidad de las decisiones, control ciudadano con perspectiva de violencia de género y evaluación de las políticas públicas.

De este modo, el Estado amplía el acceso a armas, portaciones y dispositivos de mayor capacidad operativa, pero reduce al mismo tiempo las herramientas destinadas a medir, controlar y prevenir sus consecuencias.

Las armas no traen seguridad

El Gobierno insiste en presentar estas medidas como modernización, simplificación o defensa de libertades individuales. Pero el acceso a las armas de fuego no es un derecho constitucional. En Argentina, es una actividad excepcional sometida a control estatal porque pone en riesgo la vida y la salud de toda la sociedad.

Las armas no se utilizan solamente en robos. Están presentes en femicidios, suicidios, conflictos familiares o vecinales, accidentes y hechos de violencia escolar. La disponibilidad de un arma transforma una crisis, una amenaza o una discusión en un episodio potencialmente irreversible.

Argentina construyó a lo largo de toda la historia y, especialmente, en las últimas dos décadas, con gobiernos y mayorías legislativas de signo antagónico, un consenso básico: menos armas en circulación significan menos violencia. Ese consenso hoy está siendo reemplazado por una política que privilegia el interés de los usuarios y del mercado de armas por encima del derecho colectivo a vivir sin violencia.

Desde la Red Argentina para el Desarme exigimos que el Poder Ejecutivo deje sin efecto estas medidas y que el Congreso Nacional rechace el Decreto 445/2025 y restituya por ley la autonomía, las funciones y el financiamiento de una autoridad nacional activa de control y prevención de la violencia armada, reestableciendo y actualizando las reglas de acceso civil a las armas de fuego.

La sociedad argentina no quiere más armas: quiere seguridad. No quiere defenderse a los tiros: quiere un Estado que la defienda. No quiere más violencia: quiere vivir en paz.